En más de un año de interceptaciones telefónicas, seguimientos y recolección de información por medio de fuente humana, los investigadores de la Policía lograron individualizar a los once integrantes de esta organización, así como recolectar el material probatorio suficiente para materializar ocho órdenes de allanamiento en Chinchiná (Caldas), Bolombolo (Antioquia) y Montenegro (Quindío), las cuales dejaron a todos los integrantes de este grupo capturados.
Entre los detenidos se encuentra alias “Puchis” el cabecilla de la organización, quien además tenía antecedentes por tráfico de armas, de estupefacientes y extorsión. Así mismo, cayó alias “Toto” quien era buscado por los delitos de homicidio y fuga de presos.
El modus operandi que utilizaban para distraer a las autoridades, consistía en rentar fincas en Villamaría y Chinchiná, hacerse pasar por campesinos de la zona y así ganar la confianza de la comunidad, sin embargo, durante la noche se dedicaban a instalar válvulas ilegales sobre el poliducto y extraer el combustible para posteriormente comercializarlo a precios inferiores a los del mercado, en el eje cafetero y departamentos como Quindío y Cundinamarca.
Mediante esta modalidad se habrían apoderado de más de 50 mil galones de hidrocarburos tipo gasolina y ACPM, destruyendo la infraestructura petrolera y afectando el patrimonio económico y social de la nación. Se estima que las ganancias de esta organización eran cercanas a los 1.399 millones de pesos anuales.
Es importante mencionar que esta actividad ilegal ocasionó dos incidentes graves de contaminación ambiental sobre las quebradas Partidas y Naranjal del departamento de Caldas, en donde la manipulación irregular de válvulas sobre el poliducto, generaba derrame de combustible con afectación directa a los recursos naturales de la región como cuerpos de agua, suelos, fauna y flora.
Las personas capturadas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General por los delitos de Apoderamiento ilícito de hidrocarburos, Concierto para delinquir y Contaminación ambiental, ocho de ellos fueron cobijados con medida de aseguramiento intramural y tres con prisión domiciliaria.