Fitch Ratings, organismo auditor internacional, reafirma calificación AA+ y F1+ para Aguas de Manizales

A pesar de la pandemia por la Covid-19, del paro nacional y de las consecuencias económicas en el sector a causa de estas, Aguas de Manizales se mantiene como una empresa sólida financieramente. Por eso la corporación financiera internacional Fitch Ratings ratificó su calificación a largo y corto plazo con ‘AA+(col)’ y ‘F1+(col)’ para Aguas de Manizales S.A. E.S.P., respectivamente, lo cual ratifica su capacidad para asumir retos económicos, en beneficio de su gestión.

El desempeño en la prestación de servicios de acueducto y alcantarillado de la empresa reflejado en sus niveles adecuados de cobertura del servicio, indicadores bajos de pérdida de agua (comparados con sus pares nacionales), y elevados niveles de recaudo, fueron los puntos validados por el auditor internacional.

De acuerdo con Fitch Ratings, la calificación AA+ (col) significa un muy bajo riesgo de incumplimiento en las obligaciones obtenidas por la empresa a largo y corto plazo y ‘F1+(col)’ la más fuerte capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros en relación a otros emisores u obligaciones, a corto plazo.

Estas, además de demostrar la solvencia financiera y la confiabilidad que reflejan los resultados desde el punto de vista técnico, administrativo y financiero de Aguas de Manizales S.A. E.S.P.; establecen su capacidad de pago para cumplir en el futuro con un ambicioso y estratégico plan de inversiones, que le permitirá consolidar la prestación de los servicios, y complementar su portafolio con el saneamiento de las aguas residuales de la cuenca del río Chinchiná.

“Esto nos permite tener la tranquilidad financiera de adquirir y asumir los diferentes retos económicos que se vienen para la organización en el corto y mediano plazo basados en una estructura financiera sólida”, asegura Omar Nova Henao, gerente de la empresa.

Dato de interés

Esta calificación es un requisito anual, en cumplimiento a lo estipulado en el decreto 610 de 2002, que estableció el sistema obligatorio de calificación de capacidad de pago para las entidades descentralizadas del orden territorial.